Si pudiéramos volver el tiempo atrás seguramente el Río Grande de 1965 sería prácticamente irreconocible a nuestros ojos, una tierra de pioneros, que contra viento y marea buscaban en el confín de mundo proyectar sus sueños a la par de cumplir con un mandato superior, el de construir patria en la región más austral del planeta.
La Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, por entonces Territorio Nacional, ya contaba con idéntica geografía a la que actualmente conocemos y en donde vivimos, pero con una parte desmembrada por el colonialismo, lo que ya por entonces avergonzaba al mundo y a sus organismos internacionales.
Malvinas, su usurpación y ocupación, ha sido -a lo largo de las distintas facetas del conflicto-, entendido por el sistema internacional como un claro caso de COLONIALISMO, originado en el siglo XIX (1833), en el cual los imperios, bajo la bestial razón de la fuerza, adquirían territorios para satisfacer sus apetencias económicas. La promesa de un mundo mejor, encarnada por la incipiente Organización de las Naciones Unidas (1945) específicamente receptó esta problemática, y en diferentes normativas emanadas de la Asamblea General, principal órgano de la institución, fijó una inequívoca postura ante este flagelo, explicitando los diferentes casos en el mundo en los cuales se verificaba esta práctica.
Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, pasaron a partir del 16 de Diciembre de 1965 a estar mundialmente reconocidas como territorios sometidos a un régimen colonialista, solicitándose a su vez a las partes que disputan su soberanía, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y nuestra República Argentina, a la rápida resolución de la controversia por medios pacíficos. Esta batalla ganada en el derecho internacional, ha sido y será uno de los principales argumentos jurídicos que avalan nuestra postura respecto a nuestros derechos sobre las tierras secuestradas en el Atlántico Sur, siendo a su vez el PRINCIPAL OBJETIVO POLITICO de la gestión internacional de nuestra ciudad. Río Grande y la RES2065/65 de la ONU, se encuentran indisolublemente vinculadas y resulta imposible plasmar el tan anhelado BIEN COMUN proclamado por nuestra Carta Orgánica Municipal, partiendo de las actuales flagrantes violaciones a nuestros derechos soberanos, a la expoliación que se encuentran sometidas nuestras riquezas naturales, y a las amenazas por medio de la militarización a la más elemental de las condiciones para la vida como lo es habitar en una región de paz.
Las ciudades de mundo han cambiado, sus mandatos y funciones ahora abarcan áreas temáticas impensadas años atrás y es en este sentido en el que Río Grande, su Municipio y su Gente, ha decidido posicionarse a la vanguardia del resto de los gobiernos locales, porque la soberanía, la paz, la protección medioambiental, la proliferación de armas nucleares también son nuestros problemas y como tal debemos resolverlos.
Hace cuatro años hemos iniciado un nuevo camino, hemos sembrado una semilla, trazado un rumbo, Río Grande ha optado por involucrarse en la construcción de la paz en la región y este derecho sólo será posible si llega el tan anhelado día en que la RES2065/65 sea acatada y trabajaremos incansablemente para conseguirlo.
Cincuenta años no hacen más que alentarnos a continuar y profundizar nuestro reclamo, pudimos haber elegido caminos más sencillos, delegar responsabilidades en otros actores y ser simples testigos de lo que sucede en nuestra tierra, sin embargo nos comprometimos al máximo, a trabajar incansablemente por la memoria de los eternos guardianes de las islas, por los nuestros y por los que vendrán, porque la justicia y la paz son consignas inclaudicables por las cuales lucharemos pacíficamente para que se cumplan y finalmente logremos reunificar a esta Argentina cercenada.